PCCL. 8/03/12. Para
el Partido Comunista de Castilla y León (PCCL-PCE), la prepotencia
y cerrazón demostrada por el Gobierno presidido por Rajoy, al
negarse a negociar con los sindicatos la reforma laboral e imponerla
sin debate previo y de forma urgente, debe ser un revulsivo que haga
que las manifestaciones convocadas por CCOO y UGT para
el próximo 11 de marzo contra la reforma laboral, sean secundadas
por un número importante de castellanos y leoneses.
El
Partido Popular está demostrando su desprecio a la opinión de la
mayoría de los ciudadanos, que según todas las encuestan se definen
mayoritariamente contra la reforma laboral y que han abarrotado las
movilizaciones convocadas por CCOO y UGT durante el mes de febrero.
Parece
evidente que Mariano Rajoy ha decido llevar la reforma laboral
adelante incluso en contra de la opinión de la mayoría de los
ciudadanos. El Gobierno, aún a sabiendas de que esta reforma laboral
no reducirá la tasa de paro, esta dispuesta a ponerla en práctica
porque forma parte de su política económica y social basada, por un
lado en el recorte de derechos laborales y de las prestaciones
sociales y por otro en entregar dinero público a los bancos para
aumentar sus beneficios especulativos.
Para
el Partido Comunista de Castilla y León (PCCL-PCE) el próximo 11 de
marzo, los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León, deben
dejar claro un mensaje al Partido Popular: que esta reforma laboral
es injusta, inútil y no cuenta con el respaldo popular para estar
legitimada socialmente.
Si
la reforma aprobada por el PSOE en junio de 2010 ha creado en
Castilla y León 38.866 parados más, es decir, un 20,76% de aumento
de paro en el año y medio que ha estado en vigor, la reforma del
Partido Popular, aún será mas perniciosa para Castilla y León, ya
que impone un recorte de derechos de tal magnitud que serán
necesarias varias generaciones para volver a recuperar los derechos
laborales que el Partido Popular pretende arrebatar a la clase
trabajadora.
Para
el Partido Comunista de Castilla y León (PCCL-PCE), la actitud
prepotente e intolerante del Partido popular, imponiendo una reforma,
sin negociación previa con los agentes sociales y sin que el
contenido de la misma formase parte del programa electoral que les
llevó al gobierno, es la responsable de las movilizaciones sociales
que están teniendo lugar y que se prevén para el futuro, por lo que
es el Gobierno el único responsable de las consecuencias económicas
que dichas movilizaciones han generado o puedan generar.